La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley 1/2025 con el nombre “de medidas urgentes en materia de vivienda”. En este artículo nos queremos centrar en la regulación de la vivienda que sigue llamando “protegida”, en posteriores trataremos otros asuntos regulados en el Decreto-Ley.
Y antes de entrar en ello, un recordatorio, Moreno Bonilla accedió a la Presidencia de la Junta de Andalucía con un programa electoral denominado “Garantías de Cambio”, en su página 28 prometía la “Ampliación del Parque Público de Vivienda Social de la Junta de Andalucía en alquiler con la construcción de un mínimo de 40.000 viviendas protegidas y alojamientos protegidos”.
Llegó al gobierno y la promesa se ha convertido en estafa. Tras más de seis año gobernando el parque público de alquiler de la Junta de Andalucía no se ha ampliado ni en una vivienda construida, es más, ha vendido centenares de las que existían entonces.
Asimismo, dejamos ya sentado que este Decreto-Ley es una respuesta propagandística al creciente malestar social provocado por su injusta política de vivienda (competencia exclusiva de la Junta de Andalucía según la Constitución y el Estatuto). Pero con este decretazo, Moreno Bonilla vuelve a hacer algo que repite hasta el abuso: aprueba una norma y a la vez monta una operación política en la que con toda la pompa y descaro dice una cosa mientras el contenido real de la ley es todo lo contrario a lo que ha publicitado.
Un ejemplo concreto: en la exposición de motivos repite varias veces que el decretazo está dirigido a adoptar medidas para combatir la creciente dificultad de “las personas jóvenes, de las familias de escasos recursos y de los colectivos vulnerables para acceder a una vivienda”. ¿Suena bien? Si. Sin embargo, toda esa preocupación y sensibilidad hacia el derecho al techo y hacia quien peor lo pasa para conseguir casa termina ahí, en cuanto comienzan los artículos del Decreto-Ley, toda esa sensibilidad y cuidado se dirige a quien hace negocio con la vivienda, mucho negocio, avaricioso negocio.
Y el claro ejemplo de ello es la regulación que con este Decreto-Ley Moreno Bonilla culmina para crear una nueva figura que quiere que sea muy “popular” en Andalucía: la vivienda protegida especulativa, viviendas que no protegen el derecho, protegen el negocio.
Para poner en contexto, históricamente una vivienda protegida era una vivienda a la que se accedía a un precio asequible, muy por debajo de los de mercado, destinada a sectores sociales con mayores dificultades económicas y que tenía una protección legal que perduraba durante un largo periodo de tiempo, en el caso de las viviendas protegidas de compraventa, limitaba el precio de venta y por tanto, evitaba la especulación.
Es decir, el tríptico resumido de la vivienda protegida era: precio, personas destinatarias y duración de la protección.
Pues bien, ¿Qué ha hecho Moreno Bonilla? Cambiar completamente ese paradigma. Reforma tras reforma ha ido mutando la figura y con este Decreto-Ley ha culminado y perfeccionado el destrozo.
Aunque hay otras modalidades que también se ven afectadas (perjudicadas para el derecho a la vivienda) el buque insignia del Bonillismo es el que llama “vivienda protegida de precio limitado” (la que más se va a construir, como veremos con el tiempo). Veamos cómo han sido los cambios en los tres parámetros que antes indicábamos:
Precio: Ya el año pasado, en un decretazo de “simplificación administrativa” la Junta incrementó en un 15% el precio máximo de la vivienda protegida, ahora con este Decreto-Ley lo ha vuelto a subir hasta los 2.683,08 €/m²útil. ¿Salvaje no? pues ese no es el precio final. Ese precio puede incrementarse tanto por la vinculación de anejos como trasteros o plaza de aparcamiento, por repercusión de metros de zonas comunes vinculadas o por mejoras.
El resultado es que una vivienda protegida va a poder salir al mercado por 250.000 € o cantidades aún superiores. En este sentido estamos viendo la indignación social que está produciendo conocer las viviendas que la empresa municipal de Sevilla, EMVISESA, dio a conocer el pasado viernes para la promoción de Cruz del Campo, con viviendas que llegan hasta los 350.000 €.
Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Sevilla anunció que en la Bachillera se modificaba el plan de actuación que tenía previsto construir 720 viviendas protegidas, rebajándolas a 280 (440 menos). ¿el argumento? Que como el Gobierno Andaluz había subido el precio de la vivienda protegida a precios superiores a la vivienda libre, pues que mejor hacerlas libres. El argumento es tan tramposo como especulador, pero la excusa se la ha servido Moreno Bonilla en bandeja.
Este es un claro ejemplo de lo que decíamos más arriba. Estas viviendas quedan fuera del alcance de jóvenes, familias con escasos recursos y colectivos vulnerables (que era lo que decía la propaganda de Moreno Bonilla), y son viviendas de alta gama, destinadas a gente con un significativo poder adquisitivo.
Además, estimulan la especulación. Ya que si en la primera venta no se llega al límite en el precio, imaginemos una vivienda cuyo precio máximo sea 275.000 € pero en primera adquisición se compra por 200.000 €, el nuevo propietario podrá venderla durante el tiempo de protección por los 275.000 €.
Personas destinatarias: Evidentemente, viviendas caras necesitan compradoras con dinero, bastante dinero. Segundo destrozo de la figura de la vivienda protegida: Antes del Decreto-Ley podían ser personas adjudicatarias de estas viviendas quien tuviera unos ingresos hasta 5’5 veces el IPREM. Moreno Bonilla lo acaba de subir a 7 veces el IPREM.
El IPREM mensual está en 600 €. 7 veces son 4.200 €/mes ¿salvaje no? Pues ese no es el poder adquisitivo final, esa cantidad se incrementa en un coeficiente que para Andalucía lo eleva a 4.900€/mes, si se pertenece a un colectivo de los llamados de especial protección (hogares con dos o más miembros, menores de 40 años…) puede alcanzar los 6.300€/mes.
Mucha pasta, a estas alturas aquello de la propaganda de Moreno Bonilla de que con esta medida hay una nueva era para el acceso a la vivienda de quien lo necesita en Andalucía alcanza ya niveles de insulto.
Duración de la protección: Ya os hemos contado que este es un mecanismo anti especulación. Moreno Bonilla redujo el decreto del Plan de vivienda el tiempo de protección a 7 años (el más bajo de toda España), este Decreto-Ley lo confirma. Una vez pasado los 7 años, la vivienda pasa a régimen de vivienda libre, es decir, se la pueden vender a cualquiera a cualquier precio.
Hay que recordar que la Ley de Vivienda estatal, regulaba en su art. 16, con mucha timidez para salvar problemas de constitucionalidad, que la duración de la protección fuera indefinida, o al menos durante el tiempo en el que el suelo estuviera calificado como destinado a vivienda protegida o en el peor de los casos su duración fuera superior a los 30 años. La Junta corrió a recurrirlo al Tribunal Constitucional esgrimiendo que la competencia en materia de vivienda es exclusiva del gobierno andaluz (también se fue contra el impuesto a las grandes fortunas). El TC le ha dado la razón en esto, la competencia es exclusiva de la CCAA andaluza, y la utiliza para que los especuladores ganen, y la gente pierda.
En definitiva, Moreno Bonilla ha creado la vivienda protegida especulativa, cara, para gente con pasta y con el estímulo de que esas viviendas serán en 7 años un formidable negocio, eso sí, en la exposición de motivos ponen también que el Decreto-Ley está dirigido a “ampliar las familias que pueden acceder a una vivienda protegida”
En fin, en eso no han mentido del todo, han ampliado y destinado las viviendas protegidas a las familias adineradas. Y Moreno Bonilla ríe.
Ríe y promete 20.000 viviendas protegidas en los próximos años. No ha dicho cuantas serán de alquiler y cuantas en régimen de compraventa, y de estas cuantas serán especulativas. Lo veremos y sufriremos, este Decreto-Ley no es una solución, es un nuevo problema para el derecho a la vivienda, otro más.
