Sevilla Para Vivir advierte que más del 50% de las viviendas turísticas registradas ante la Junta desde mayo son ilegales

Sevilla Para Vivir advierte que más del 50% de las viviendas turísticas registradas ante la Junta desde mayo son ilegales

  • SPV lanza una campaña animando a la ciudadanía a denunciar estos pisos ante la “práctica ausencia” de inspecciones
  • Las denuncias serán llevadas ante la administración autonómica y local

 

Sevilla, 15 de julio de 2025.- La red ciudadana Sevilla Para Vivir (SPV) ha advertido que más del 50% de las viviendas de la ciudad inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía desde mayo hasta la actualidad son ilegales debido a que incumplen la normativa municipal. El origen, ha señalado la red, se debe a los “escasos” requisitos solicitados para incluir este tipo de inmuebles en el registro y la “ausencia” de inspecciones de los mismos.

Así lo ha afirmado la red de entidades tras un análisis pormenorizado del registro autonómico en el que ha localizado viviendas ubicadas en una segunda planta o superior y aquellas que no tienen acceso directo al exterior. También se han incluido en el análisis aquellas ubicadas en barrios donde los pisos turísticos ya superan un 10% del parque residencial de viviendas, límite aprobado por el propio Consistorio el pasado año en el Pleno del Ayuntamiento con los votos de PP y Vox.

En este sentido, el grupo de colectivos ha criticado el procedimiento para convertir un inmueble en alojamiento turístico, y es que el Registro de Turismo de Andalucía únicamente pide una declaración responsable sin ningún tipo de comprobación y se emite automaticamente una resolución para que la persona pueda iniciar esta actividad económica. De esta manera, Sevilla Para Vivir advierte que una vivienda turística puede operar durante varios años sin que se revise si cumple o no los requisitos relacionados con la norma municipal.

“En la práctica provoca que se incluyan en el registre cientos de pisos que no cumplen con la normativa, aprovechándose así de la ausencia de inspecciones y eliminando hogares que podrían estar destinados a los vecinos y vecinas de la capital hispalense que ahora mismo están siendo expulsados de sus barrios”, lamenta Sevilla Para Vivir. En este sentido, la red ciudadana ha vuelto a pedir a la administración local que se paralice la cesión de licencias para viviendas y apartamentos turísticos y se tomen medidas para que los inmuebles destinados a esta actividad económica vuelvan a recuperar su uso residencial.

Del mismo modo, SPV señala que tras las reclamaciones de los vecinos y vecinas se ha conseguido que el Gobierno central modifique la Ley de Propiedad Horizontal para que se requiera la autorización expresa de la Comunidad de vecinos para poder destinar una vivienda a la actividad turística. Sin embargo, la red de entidades denuncia que la Junta desde el mes de abril, fecha en al que entró en vigor la ley, no ha modificado el formulario de registro de viviendas turísticas, por lo que en la práctica no se les está requiriendo dicho requisito. Un requisito, recalca SPV, que ayudaría a frenar en gran medida la proliferación de este tipo de alquiler de temporada.

Campaña de denuncia

Dada la “práctica ausencia” de inspecciones de las viviendas que se incluyen en el mencionado registro autonómico, la red ciudadana ha lanzado una campaña para que los vecinos y vecinas de la capital hispalense denuncien la existencia de aquellas viviendas turísticas ubicadas en sus barrios que puedan ser ilegales.

Algunos de los criterios para conocer si una vivienda turística es ilegal son: que no esté en el Registro de Turismo de Andalucía, que esté ubicado en un segundo piso o superior sin acceso directo, que esté ubicado en un barrio en el que los pisos turísticos ya superen el 10% del total de viviendas o que no cuente con la autorización de la comunidad de vecinos del bloque.

La agrupación de entidades ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que haga llegar estos datos a la red Sevilla para Vivir con el objetivo de analizarlo y denunciarlo ante las administraciones competentes.