Manifiesto aprobado para la manifestación del 9 de noviembre de 2024 en Sevilla.
Gracias a cada uno de vosotros y vosotras por acudir a este llamamiento a gritos por el derecho a techo, y por lo tanto a una vida digna. Hoy estamos aquí porque este derecho NO SE ESTÁ CUMPLIENDO y por eso exigimos a todas las administraciones soluciones urgentes a una situación de verdadera emergencia.
Sevilla se enfrenta a una crisis de vivienda sin precedentes causada por la especulación, la mercantilización del suelo urbano, y la turistificación que están provocando que el hecho de tener un hogar sea un auténtico privilegio y no un derecho. Un derecho, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Carta Social Europea y sobre todo la Constitución Española, cuyo artículo 47 garantiza «el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
Unos cuantos datos que demuestran esta situación: el precio del alquiler por metro cuadrado en la provincia sobrepasa el 60%. Hoy una persona tiene que dedicar casi el 50% de su salario para alquilar un piso de 70m2 si quiere vivir en la capital, pero es que igualmente, casi el 45% de media si quiere vivir en cualquiera de los pueblos de la provincia. El hecho de poder tener un hogar se come hoy un 10% más del salario que hace una década. Por eso decimos BASTA.
No podemos olvidar que el derecho a la vivienda es transversal y sostiene otros derechos fundamentales como el de la salud física y mental y la educación. La vivienda es un eje para garantizar la vida digna de cualquier ser humano venga de donde venga y viva donde viva.
Las políticas adoptadas por las distintas administraciones hasta ahora no están frenando que siga habiendo gente sin casas y casas sin gente. Miles de personas, especialmente jóvenes y familias con economías vulnerables ven imposible acceder a un lugar para vivir, y están forzadas a abandonar sus hogares o a posponer su derecho a construir un proyecto vital, autónomo e independiente.
Además, la proliferación los alojamientos turísticos está afectando gravemente a nuestro derecho a la ciudad, saturando espacios y servicios públicos, afectando a la convivencia o provocando el cierre de nuestro comercio más próximo.
Esta realidad no es exclusiva de Sevilla; responde a una tendencia estatal y global que fomenta la desigualdad y erosiona las bases de una vida digna. Hoy, en barrios, pueblos y ciudades de todo el Estado, se enfrentan problemáticas similares: el monopolio de la vivienda en pocas manos, la mercantilización de los bienes básicos, el avance de un capitalismo sin límites y el abandono de los valores de comunidad y convivencia, en este dantesco Monopoly al que nos fuerzan a jugar.
Aunque la reciente Ley de Vivienda representa un avance, que han luchado los movimientos sociales por la vivienda, no ha solventado muchos de los problemas estructurales de la crisis que estamos sufriendo. Es imperativo que los gobiernos central, autonómico y local asuman sus responsabilidades para revertir esta situación y protejan el derecho a la vivienda, prohibiendo los desahucios sin alternativa habitacional, regulando el mercado de alquiler con precios máximos y contratos indefinidos y la adecuación física y energética de viviendas tan necesaria. Por este motivo exigimos que de forma urgente se adopten las siguientes medidas:
1) Freno del precio de los alquileres: Imposición de precios máximos de alquiler, recuperación de los contratos de alquiler indefinidos y creación de una Ley autonómica de Vivienda que obligue a declarar zonas tensionadas para limitar los precios y la especulación.
2) Freno a la turistificación: Suspensión inmediata de licencias y no renovación de las actuales. Es imprescindible que el parque de viviendas de uso turístico vuelva al residencial.
3) Aumento del parque público de vivienda: Creación de un Plan Estatal de Vivienda Pública energéticamente sostenible, accesible, autosuficiente y adecuado. Es necesario que se recuperen las viviendas públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB.
4) Garantías legales y freno a los desahucios: Garantías legales para que en ningún caso se produzcan desalojos sin alternativa habitacional, pidiendo que se prorrogue el Real decreto 8/2023 para evitar cualquier lanzamiento. Sería necesaria además una Agencia de Protección al Consumidor que tenga un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones para proteger la vivienda de los especuladores y rentistas.
5) Límite a la especulación y protección del suelo urbano: Despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública, impuestos elevados a las viviendas vacías y expropiación de uso de las mismas, protección del suelo de proyectos de desarrollo urbanístico que solo beneficien a grandes inversores a costa de las necesidades sociales.
6) Garantía de suministro energético: Cumplir las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo, restableciendo el suministro en zonas tensionadas, facilitando la suscripción de contratos de suministro y creando mesas de trabajo para atender a las demandas vecinales.
7) Promoción del Cooperativismo de Vivienda en Cesión de Uso: Modelos de cooperativas que desmercantilicen la vivienda basados en la cesión de uso.
8) Renta Básica Universal y Limitación a las grandes fortunas (Renta Máxima): Que todas las personas puedan sostener el derecho a la vivienda sin depender de sus trabajos precarios o salarios insuficientes. Estas rentas podrían estar financiadas por impuestos progresivos sobre el capital, las grandes fortunas y los beneficios corporativos. Todo ello reduciendo sustancialmente la burocracia para que no se convierta en un instrumento inaccesible.
9) Revitalización verde y reforestación urbana: Sevilla es una de las ciudades más calurosas de Europa con un creciente porcentaje de pobreza energética que empeora por el cambio climático. Reclamamos frenar la tala indiscriminada, y un mayor aumento de zonas verdes, así como de su mantenimiento.
Estas demandas no son solo nuestras, sino las de todos los pueblos y ciudades de Andalucía. Por eso, llamamos a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a que las hagan suyas, impulsando su inclusión en el Anteproyecto de la Ley de Vivienda en el Parlamento de Andalucía y en las Cámaras estatales en el caso del desarrollo de la renta básica universal y un impuesto a las grandes fortunas.
El derecho a la vivienda es también el derecho a permanecer y pertenecer a nuestras ciudades y pueblos. No podemos permitir que se destruya su historia, su cultura y sus gentes y se conviertan en un espacio privatizado para el disfrute de una élite minoritaria. Sevilla debe estar al servicio de quienes la construyen y habitan, no de quienes solo buscan enriquecerse a costa de su territorio.
¡Por el derecho a una vivienda digna y asequible!
